Se aprobó proyecto de ley sobre identidad digital y expediente electrónico


El DNIe permitiría el voto electrónico no presencial y almacenar diferentes tipos de información útil como la ficha clínica del ciudadano.

El 20 de Julio del año en curso, se aprobó en el Consejo de Ministros el proyecto de ley sobre el DNI Electrónico y el expediente electrónico con el fin de consolidar la relación entre los ciudadanos y el Estado.

La Primera Ministra, Rosario Fernández declaró en rueda de prensa que el DNI electrónico poseerá un chip que permitirá a los ciudadanos poder realizar, ante las diferentes entidades del Estado, todos los trámites con una identidad única. Además, indicó que la primera iniciativa tiene como objetivo llevar a cabo una “migración del Documento Nacional de Identidad (actualmente vigente), a un DNI electrónico”.

Este documento digital también podría ser utilizado en el proceso de la votación mediante el voto electrónico no presencial y también permitirá almacenar diferentes tipos de información útil como la ficha clínica del ciudadano, identificar a beneficiarios de programas sociales, entre otros. En el chip adjunto al DNI electrónico se contará con las huellas dactilares del propietario para su inmediata identificación en circunstancias extremas y con la firma digital del poseedor que le permita realizar trámites desde cualquier lugar diferente a la institución pública, de manera segura.

La jefa del gabinete afirmó “Si tengo un trámite pendiente en el Ministerio de Vivienda, o de Relaciones Exteriores o de Agricultura, puedo llegar a mi casa después de trabajar y, pese a que no sean horas de atención al público, puedo desde mi sistema ingresar y formular mi solicitud, mi descargo y presentar mis pedidos o recursos.”

Finalmente dijo que la iniciativa también incluye la posibilidad de implementar el expediente sin papeles o expediente electrónico para los procesos judiciales, para las propuestas normativas se contó con la colaboración de los ministerios de Economía, de Justicia, Presidencia del Consejo de Ministros, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y el Poder Judicial.

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